Candidatura altamente riesgosa

Resultado de la evaluación

Nicollino Cangiamilla Enríquez tuvo una gestión penitenciaria marcada por incidentes graves, lo que llevó a su remoción en 2024. Sus vínculos con el gobierno de Durazo, Morena y una empresa minera plantean posibles conflictos de interés en su aspiración a Magistrado de Circuito.

Es licenciado en Derecho con cédula profesional por la Universidad de Sonora.

• Manejo deficiente del sistema penitenciario: Durante su gestión como Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario de Sonora, se registraron incidentes graves, como la muerte de Paula Josette Arizona en circunstancias cuestionables, intoxicaciones masivas de internos y deficiencias en la seguridad de los centros penitenciarios. Estos hechos ponen en duda su capacidad para administrar justicia con enfoque en derechos humanos.
• Vínculos políticos y posibles conflictos de interés: Su cercanía con el gobierno de Alfonso Durazo y su afiliación con Morena pueden generar preocupaciones sobre su independencia judicial. Además, su sociedad con un servidor público en la empresa Compañía Minera CANFER podría representar un posible conflicto de interés en el ejercicio de un cargo como Magistrado de Circuito.
• Señalamientos y falta de transparencia: A pesar de los incidentes ocurridos bajo su administración, no se tiene conocimiento de que haya sido llamado a declarar o que haya enfrentado consecuencias legales. Además, se le ha señalado por no responder directamente a las familias afectadas, lo que refleja una falta de rendición de cuentas en su gestión pública.

No cuenta con experiencia laboral en el Poder Judicial.

Uno de los casos más relevantes fue el fallecimiento de Paula Josette Arizona, de 23 años, ocurrido el 15 de enero de 2024 en el CERESO II de Hermosillo Sonora, durante una visita conyugal. La versión oficial señaló que la causa de muerte fue un infarto fulminante, pero un peritaje posterior indicó signos de violencia y posible asfixia. Sin embargo, la familia de la joven sostiene que el caso se debe investigar como feminicidio debido a inconsistencias en la autopsia y la falta de atención médica adecuada en el centro penitenciario. 

Sobre este caso, a principios del 2025, el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que ocho ex empleados del Sistema Estatal Penitenciario fueron detenidos y vinculados a proceso por su presunta implicación de la muerte de Paula Josette. Los funcionarios son acusados de homicidio y de omisiones en los protocolos de seguridad que debían aplicarse en el sistema penitenciario.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que Nicollino haya sido llamado a declarar o si ha enfrentado consecuencias legales. Además, la cuenta de X (anteriormente Twitter) @JosettePaula, que aboga por justicia para Paula Josette, señala que el exfuncionario nunca se acercó a la familia y sólo emitió un comunicado público sobre el caso. Destacan que Paula Josette se encontraba bajo la custodia y responsabilidad del Estado en el momento de su muerte.

En la misma semana que ocurrió la muerte de Paula Josette, se reportó una intoxicación masiva de internos en el penal de Ciudad Obregón, que causó la muerte de dos reclusos y la hospitalización de cuatro más debido al consumo de drogas adulteradas con fentanilo. Este evento evidenció deficiencias en el control del ingreso de sustancias prohibidas en los centros penitenciarios. También se documentaron casos de ingreso de drogas, alcohol, alimentos gourmet, trabajadoras sexuales y grupos musicales, así como la existencia de redes de extorsión operadas desde el interior de las cárceles.

En el CERESO de Nogales, un interno fue hallado colgado en el área de indiciados, lo que generó cuestionamientos sobre los protocolos de vigilancia y prevención del suicidio dentro del penitenciario.

El 21 de septiembre de 2021, un incendio en el CERESO I de Hermosillo afectó el área de talleres y obligó a evacuar a 364 mujeres del área femenil. Familiares de los internos exigieron información inmediata sobre la situación de sus parientes, denunciando fallas en la comunicación y manejo de emergencias.

A raíz de estos acontecimientos y de señalamientos públicos, el penal de Ciudad Obregón fue sometido a revisión por fuerzas federales. Asimismo, aparecieron mantas con acusaciones en contra del coordinador.

Finalmente, el 1 de noviembre de 2024, Cangiamilla Enriquez fue removido de su cargo y sustituido por Gerardo Chavero Bernal.

Por sus publicaciones en sus redes sociales es evidente su acercamiento con el gobierno de Durazo y al partido Morena

Además, Nicollino es propietario de la empresa llamada Compañía Minera CANFER, sociedad anónima de Capital Variable cuyo objeto social son las actividades mineras e industriales como importación, exportación, compra, venta, fabricación, almacenamiento, transporte, asesoría, administración y reparación. También abarca desarrollo de ingeniería electromecánica, civil e hidráulica, comercialización de maquinaria pesada y montaje de equipos industriales y mineros. Su socio es Eduardo Valencia Velderrain, servidor público, quien es administrador del Cereso de Hermosillo II y militante de Morena.