Candidatura altamente riesgosa

Resultado de la evaluación

Está acusado del asesinato de dos periodistas, extorsionar a comunidades indígenas para obligarlas a unirse con el crimen organizado y vínculso con organizaciones criminales.

Es licenciado en Derecho. Fue fiscal regional durante las administraciones de Fausto Vallejo (PRI) y Silvano Aureoles (PRD).

Ha sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el asesinato de dos periodistas y abuso de poder durante su paso por el sistema de justicia en Michoacán.

No cuenta con experiencia laboral en el Poder Judicial.

En 2022, Francisco Herrera Franco fue señalado como uno de los principales sospechosos del homicidio de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, integrantes del portal Monitor Michoacán. Ambos periodistas habían denunciado amenazas previas y se encontraban realizando investigaciones sobre corrupción y vínculos entre las autoridades locales y el crimen organizado. Las organizaciones acusaron a Herrera de no investigar adecuadamente las amenazas, de proteger a los posibles autores intelectuales y de encubrir a funcionarios relacionados. Artículo 10 calificó su actuación como parte de un patrón de impunidad institucional, especialmente grave en un contexto donde México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

En mayo de 2022 se filtraron audios en los que presuntamente Herrera Franco dialoga con un líder criminal de Michoacán, a quien asesora para evadir la acción penal. En las grabaciones, se le escucha sugerir que se presente voluntariamente ante las autoridades, recomendando llevar un abogado y prometiendo interceder para que no fuera vinculado a proceso. Esta conversación fue interpretada por medios y organizadores como evidencia de colusión con grupos delictivos que operan en la región, particularmente en Tierra Caliente. La grabación fue ampliamente difundida y documentada por medios nacionales, donde se advertía que Herrera ofrecía asesoría jurídica a un presunto criminal, lo cual representa un conflicto de interés y un posible delito de encubrimiento.

A la vez, diversos testimonios recogidos por medios locales e investigaciones periodísticas apuntan a que, durante su gestión como fiscal regional, Herrera Franco habría participado en esquemas de extorsión a comunidades indígenas. Las denuncias señalan que utilizó su posición para coaccionar a autoridades comunitarias a colaborar con organizaciones criminales, bajo amenaza de ser perseguidos penalmente. Esta práctica, además de violar los derechos humnos de los pueblos originarios, refuerza el patrón del uso faccioso del poder judicial en beneficio de de intereses particules y delictivos.

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