Candidatura altamente riesgosa

Resultado de la evaluación

Forma parte de una red de nepotismo de 10 familiares al interior del Poder Judicial de la Federación, liderada por el magistrado Carlos Loranca, destituido por enriquecimiento ilícito después de darse a conocer sus vínculos con un empresario huachicolero.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue síndico municipal por la coalición PT-MORENA en el Municipio de Ocampo, Michoacán, entre 2018 y 2021. También fungió como encargada de despacho de la Presidencia de Ocampo en octubre de 2018.

La candidata forma parte de una red de nepotismo al interior judicial, tejida por un magistrado federal y nueve familiares. Dicho magistrado era socio de un empresario huachicolero que estuvo tres años en prisión. El magistrado fue destituido de su cargo e inhabilitado por más de 15 años por la falta administrativa de enriquecimiento ilícito.

En 2007, inició su carrera judicial como oficial administrativo en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Puebla. También ha sido actuaria judicial y secretaria de juzgado. Actualmente, es secretaria proyectista del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

En 2017, Reforma publicó que el magistrado Carlos Loranca Muñoz tejió una red de nepotismo al interior del Poder Judicial de la Federación, en la cual incluyó a su hija y ocho sobrinos. Además, el magistrado se encuentra relacionado con un líder huachicolero. 

Una de las sobrinas beneficiadas por esta red de nepotismo, Ana Rosa Jiménez Loranca, quien ahora es candidata a jueza federal propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo. Según Reforma, el magistrado intervino para colocar a su sobrina como secretaria en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo Civil en el Estado de Puebla. 

Karla Esther Loranca también fue destituida e inhabilitada por 10 años (hasta el 24 de marzo de 2031) por el Consejo de la Judicatura Federal, como parte de las sanciones aplicadas en el expediente CPJF/PA/480/2019. 

Según testimonios de abogados litigantes entrevistados por Reforma, el magistrado “fue metiendo poco a poco a sus familiares y que tienen un puesto por su recomendación”. Algunos trabajadores judiciales también reprocharon, de manera anónima, esta red de nepotismo, al señalar que “había veces que alguien podía aspirar a otro cargo, pero llegaba algún recomendado de Loranca y les daban el nombramiento a ellos por la recomendación que tenían”.

Los familiares beneficiados por la red de nepotismo del magistrado Loranca son:

• Ana Rosa Jiménez Loranca, secretaria de Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Civil y actual candidata a jueza federal en materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla;

• Karla Esther Loranca Ochoa, secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo Civil.

• Víctor Andrés Jiménez Loranca, oficial administrativo del Juzgado Primero de Distrito Procesos Penales;

• Víctor Hugo Jiménez Loranca, coordinador técnico del Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Federal;

• Carlos Omar Loranca Covarrubias, actuario en el Juzgado Quinto de Distrito Penal; 

• Edmundo Armando Loranca Covarrubias, actuario en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales 

• Sonia Loranca Covarrubias, oficial administrativo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

• María Fernanda Loranca Morales oficial administrativo en el Juzgado Segundo de Distrito materia de Amparo Civil;

• Octavio Loranca Morales, ambos fungen como, la primera en el y el segundo en el Juzgado Primero de Distrito de Proceso Penales.

Además de haber tejido esta red de nepotismo, el magistrado era socio de Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, señalado por el Gobierno de Puebla como un «importante líder dedicado al robo de combustible».

Según una investigación de Página Negra, el magistrado y el empresario eran accionistas de la empresa Energéticos Muñoz, S.A. de C.V., junto con tres hijos del magistrado. Esta información fue corroborada en documentos registrales publicados en el Sistema de Gestión Registral (SIGER) de la Secretaría de Economía. 

Esta empresa fue constituida para colocar una gasolinera en la gasolinera Acajete-Teziutlán, Puebla. El terreno en el que se construyó la gasolinera fue  vendido por el magistrado a la empresa que constituyó junto con sus socios.

El 20 de agosto de 2017, Muñoz Bravo fue detenido en el Fraccionamiento El Secreto de Lomas de Angelópolis, en un operativo de la Fiscalía de Puebla y la Marina.

En el operativo, se aseguraron dos rifles AR-15, un cuerno de chivo AK-47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, mariguana y cristal. Además, según reportó Reforma, dos gasolineras le fueron clausuradas.

El empresario huachicolero llegó a un acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para obtener el beneficio de un procedimiento abreviado. Para ello, Muñoz Bravo se declaró culpable por el delito de portación de armas sin licencia, por lo que fue sentenciado a 3 años y 10 meses de prisión. 

A partir de estos hechos, en 2018, el magistrado Loranca fue movido de su cargo como magistrado del Primer Tribunal Unitario de Puebla. Primero, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) lo envió a Chihuahua como magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Chihuahua. Después, el CJF suspendió al magistrado Loranca de su puesto.

En 2021, el CJF destituyó e inhabilitó por 15 años al magistrado Carlos Loranca Muñoz, debido a su enriquecimiento oculto de casi 6 millones de pesos que no reportó en sus declaraciones patrimoniales entre 2014 y 2016.

Según el comunicado del Consejo de la Judicatura, el magistrado Loranca “ no reportó en sus declaraciones patrimoniales cerca de $6,000,000 (seis millones de pesos) producto de diversas operaciones, por lo que se le inhabilitó por 15 años y fue destituido».

El 26 de diciembre de 2024, el magistrado fue reinstalado en su puesto como magistrado. Ello, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Consejo de la Judicatura aplicó una ley equivocada para sancionarlo. Esto le permitiría recuperar los salarios caídos por los años que estuvo suspendido, que ascienden a 15 millones de pesos.

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